La violencia sexual es una de las manifestaciones más atroces y devastadoras de los conflictos armados. En medio de la destrucción y el caos, los perpetradores a menudo utilizan la violación, el acoso sexual, el matrimonio forzado y la esclavitud sexual como tácticas deliberadas para someter, humillar y desestabilizar a las comunidades.
Esta forma de violencia no solo causa un inmenso sufrimiento físico y psicológico a las víctimas, sino que también tiene repercusiones duraderas en las sociedades y en la construcción de la paz.
¿Qué es la violencia sexual?
La violencia sexual se refiere a cualquier acto o comportamiento de naturaleza sexual que se impone a una persona sin su consentimiento. Estos actos pueden incluir la violación, el acoso, la explotación, la trata de personas, la esclavitud, el matrimonio, la esterilización, el embarazo y/o el aborto forzado y cualquier otra forma de agresión sexual.
Estos actos rara vez ocurren en forma aislada, forman parte de un escenario de abuso y violencia, que incluye asesinatos, reclutamiento de menores, destrucción de la propiedad y saqueos. La violencia sexual puede utilizarse como una forma de represalia, para generar miedo, o a modo de tortura. También puede utilizarse sistemáticamente como método de guerra, con el fin de destruir el tejido social.
Los afectados
Esta es una grave violación de los derechos humanos porque atenta contra la integridad física, psicológica y sexual de las personas. Puede dejar secuelas devastadoras en las víctimas, incluyendo traumas emocionales, trastornos de estrés postraumático, enfermedades de transmisión sexual, daños físicos e incluso la muerte.
La violencia sexual puede afectar a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de manera diferente, algunos son más vulnerables que otros; por ejemplo, los desplazados internos, los migrantes, las viudas, las mujeres cabezas de hogar, los detenidos, las personas asociadas con fuerzas o grupos armados, o aquellos que pertenecen a grupos étnicos o colectivos específicos.
La violencia sexual también se ejerce contra los hombres y los niños, por lo que con frecuencia permanece oculta debido a los sentimos de culpa y vergüenza que se generan, así como el temor a las represalias o los tabúes en torno al tema.
Todo esto puede impedir que las víctimas denuncien y se conozca la verdadera magnitud del problema. Pero cuando se hace público están expuestos a padecer una doble victimización, pues a las heridas y a los traumas peligrosos y prolongados se suman la estigmatización y el rechazo de sus familiares y de los miembros de su comunidad.
Los desafíos para la justicia
En los conflictos armados, la violencia sexual se convierte en una estrategia cruel para socavar a la población civil y a los grupos étnicos específicos. Los perpetradores pueden ser tanto actores estatales como no estatales y su objetivo principal es aterrorizar, desplazar y controlar a las comunidades en conflicto, generando estigma, exclusión y divisiones que dificultan la recuperación y la reconciliación.
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Lamentablemente, la mayoría de los casos de violencia sexual en el marco de los conflictos armados quedan impunes. Los profesionales sobre el terreno de la ONU estiman que por cada violación denunciada en relación con un conflicto, hay entre 10 y 20 casos que quedan sin documentar.
Llevar a los responsables ante la justicia es una prioridad, pero se atraviesan la falta de recursos, la corrupción, los obstáculos legales y la estigmatización de las víctimas.
“La violencia sexual destruye vidas y viola los derechos humanos. No debe ser ‘normalizada’ como algo inevitable, algo que no se puede detener. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, pedimos a la comunidad mundial que amplíe generosamente las acciones y los fondos orientados a responder a estas crecientes necesidades”, dijo Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA.
Es fundamental abordar la violencia sexual en los conflictos de manera integral y multidimensional. Esto implica tomar medidas para prevenir la violencia, proteger a las personas en riesgo, proporcionar apoyo a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores.
Los esfuerzos deben enfocarse en la educación y la sensibilización para cambiar las normas sociales, así como en la implementación de políticas y marcos legales que promuevan la justicia y la protección de los derechos humanos.
